¿Hacia un pleno empleo con exclusión?

Por Martín Burgos*

Investigador del Área Estado y Políticas Públicas de la FLACSO Argentina

Fotografía: Daniel García Delgado

Los cambios de gabinete ocurridos en octubre tienen una lectura política y una lectura económica. La lectura política que parece tener más consenso es que se trata de retomar la iniciativa de parte del presidente Alberto Fernández en áreas claves del gobierno. Pero también el recambio se dio en sectores que conectan con actores sociales fundamentales para el sostén del gobierno (sindicatos y movimientos sociales) como son el ministerio de Trabajo (Kelly Olmos) y Desarrollo Social (Victoria Tolosa Paz), además del Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad (Ayelén Mazzina). La lectura económica de esos cambios, sobre la cual nos centraremos, es que el contexto social y de distribución del ingreso viene empeorando desde la devaluación financiera de junio pasado, con lo cual aparece de primera importancia encarar la problemática de los salarios y de la política social de cara a las elecciones de 2023.

El mercado de trabajo argentino muestra una paradoja bastante visible pero de la cual se habla poco. Por un lado aparece la figura de los trabajadores pobres, los que no llegan a cubrir la canasta básica de pobreza valuada en 120 mil pesos para una familia, con un atraso notable del salario mínimo vital y móvil de 55 mil pesos, y por otro lado la tasa de desempleo es muy baja en términos históricos (6,9%), similar a los mejores guarismos del kirchnerismo (2013-2015).

Obviamente los funcionarios no dejan de mencionar con justa razón la velocidad a la cual se recuperó el empleo y en particular del empleo industrial. Pero por otra parte quedan claro que los ingresos de los trabajadores no han recuperado su nivel previo a la crisis del macrismo, lo que es una debilidad importante de cara a las elecciones de 2023.

Como lo vimos en un informe anterior[1], los salarios fueron perdiendo terreno respecto de la inflación durante el macrismo (2018 y 2019) y no pudieron recuperarlo con el gobierno actual. Luego de una leve recuperación a inicios del gobierno de Alberto Fernández, los salarios volvieron a caer con la pandemia. De nuevo, se recuperaron levemente en 2021 y con la guerra entre Ucrania y Rusia, los salarios volvieron a conocer dificultades para ganarle a una inflación creciente en este 2022. Pero sobre todo la pobreza (36,5%) a pesar de mejorar sus niveles desde la pandemia, sigue estando por encima de los peores niveles que se conocieron durante el macrismo (35,5%).

La mejora de los ingresos debe ser una prioridad del gobierno, sabiendo la importancia que tiene el trabajo como ordenador de la vida social, pero además por la cercanía de las elecciones presidenciales. Más allá de las dificultades estructurales que siempre existen para mejorar la situación de los más vulnerables y redistribuir el ingreso, las soluciones propuestas por el Frente de Todos son distintas y contradictorias.

Paritarias: ¿necesidad de un nuevo formato?

Uno de los problemas de los incrementos porcentuales a los que se recurren con las paritarias tradicionales es que incrementan la diferencia de salarios entre los que más ganan y los que menos ganan. En efecto, por el juego de los porcentajes, con un 50% de aumento el que gana 100 pasa a ganar 150, pero el que gana 1000 pasa a ganar 1500. En términos absolutos, el primer empleado ganó 50 pesos de aumento mientras que el segundo ganó 500 pesos de aumento.

Una alternativa a ese problema es la incorporación de una parte del aumento como suma fija además de los incrementos porcentuales en los convenios colectivos de trabajo. Lamentablemente, pareciera que los sindicatos no son amantes de esas soluciones, y rechazaron de plano la propuesta del kirchnerismo de un aumento de salario por suma fija. La idea de las sumas fijas, retomando aspectos de los incrementos que habían otorgados por decreto los presidentes Duhalde y Kirchner en 2002 y 2003, era buena pero tal vez en otro contexto.

Es cierto que un incremento de suma fija en agosto hubiese descomprimido la situación social ante una pobreza que, según estimaciones privadas, aumentará en esta segunda parte de 2022. Si bien no es tan dramática, la situación puede asemejarse a la que heredó Néstor Kirchner hace casi 20 años, cuando los salarios nominales habían quedado planchados a los niveles de 2001, mientras la inflación se había incrementado 40% debido a la devaluación de enero 2002. En ese contexto, los conflictos sociales se acrecentaron y la represión se había hecho virulenta, siendo los asesinatos de Kosteki y Santillán el momento de mayor intensidad posteriores a los de diciembre 2001. Las sumas fijas en 2002 y 2003 fueron una solución que se tomó desde el poder ejecutivo para mejorar la situación social ante la dislocación de las fuerzas sindicales ocurridas durante los años noventa, desacreditadas y sin fuerza militante para lograr incrementos salariales nominales.

Hoy la situación es radicalmente distinta: la fuerza sindical retomó su vigor histórico, los convenios colectivos de trabajo demuestran que los conflictos distributivos se encuentran encaminados institucionalmente, y es lógico que la definición de las paritarias recaiga sobre las partes en juego.

Mientras se discutía la suma fija, las paritarias empezaron a recalentarse y el conflicto social se expandió, dando cuenta una vez más de los destiempos de un gobierno que trata de no moverse para no romper nada, pero haciendo eso a veces termina empeorando las cosas. Lo que ocurrió con los trabajadores neumáticos podría tomar otras proporciones, dado que más allá del color político de la junta interna, este se asienta en un contexto inflacionario complejo. En efecto, los niveles de inflación superiores a 7% mensual nos ponen en un lugar inédito para los que no vivieron los años ochenta, en el cual perder un mes de negociación puede ser fatal.

El conflicto de los neumáticos revela también esa problemática en la cual se encuentra la institución del convenio colectivo de trabajo. ¿Cómo se negocia en alta inflación? Es a todas luces distinto negociar con 20 a 25% de inflación anual como lo era durante el kirchnerismo que con una inflación superior a 80%. El gremio no puede esperar con los salarios atrasados para ver si logra mejoras, porque cada semana que no se actualiza el salario implican 1 o 2% de reducción en los sueldos, los cuales a medida que se acumulan intensifica las negociaciones. En estas circunstancias parecen más adecuados para la patronal y los sindicatos definir unas actualizaciones mensuales junto con la publicación del IPC del mes anterior, y discutir los incrementos en términos reales. Además, atendiendo la cuestión de la ampliación de la desigualdad entre los asalariados que provocan los incrementos porcentuales, sería necesario integrar dentro de los convenios colectivos de trabajo una porción de los aumentos bajo la forma de suma fija.

¿Qué hacer con los no registrados?

El kirchnerismo parece encaminarse a realizar propuestas que conecten con su militancia pero que no tienen posibilidad de votarse en el Congreso. El caso más relevante es sin lugar a dudas el proyecto de ley de Refuerzo de Ingresos de la senadora Juliana Di Tullio, que guarda cierto parentesco con las propuestas de Claudio Lozano sobre la Renta Básica Universal, y que hereda las mismas críticas. La propuesta consiste en otorgar un monto para mejorar los ingresos de las poblaciones más vulnerables que se encuentran en situación de indigencia, que en los fundamentos del proyecto se estima que aplicaría para 1,7 millones de personas entre 24 y 65 años, para un costo fiscal equivalente a 0,44% del PIB en 2023.

Esta propuesta trae varios comentarios técnicos a los que son necesarios referirse antes que las consideraciones políticas. En primer lugar, los 1,7 millones de personas son sin lugar a dudas subestimados y, tal como pasó con el IFE, es muy probable que el Estado se encuentre con una avalancha de pedidos que supere ese número dado el contexto social alarmante. Sobre ese punto, es muy probable que se pueda tener datos muchos más fiables luego de la experiencia del IFE para tener una medida más adecuada del impacto fiscal de la medida[2].

La poca información que se tiene sobre el trabajador no registrado y el mundo informal en general implica que muchos podrían pedir el refuerzo de ingreso sin ser indigentes. Los trabajadores no registrados son estimados por informes del Ministerio de Trabajo en base a la Encuesta Permanente de Hogares en 4,4 millones de personas que, por definición, entran en el universo de los que no son empleados registrados, ni jubilados, ni pensionados que excluye la ley. En eso radica la principal debilidad de la ley: no se puede discriminar un empleado no registrado indigente de un no indigente.

En cuanto al monto del Refuerzo de ingresos, este se podría discutir de forma técnica con la información disponible en la página del INDEC donde se muestra un detalle de los hogares indigentes. Estos se componen en promedio de más de 4 personas y el ingreso encuestado promedio de esos hogares es de 20.633 pesos en el segundo semestre 2021 (frente a una Canasta Básica de Alimentos calculada en 31.834 pesos para 3.29 adultos equivalentes que es el promedio que surge de la encuesta).

Con esos datos el INDEC calcula la brecha de ingresos necesaria para los hogares indigentes para salir de la indigencia, esta se calculó en 11.201 pesos en el segundo semestre de 2022, habiéndose reducido a 35,2% respecto de la CBA desde los 41,6% del primer semestre 2020. Esos datos nos permiten concluir que para eliminar la indigencia en Argentina, si supiéramos individualizar la población objetivo, el refuerzo de ingresos requeridos es mucho menor al contemplado en la propuesta.

Brecha de indigencia (fuente: INDEC)

1° sem. 2019 2° sem. 2019 1° sem. 2020 2do. Sem. 2020 1er. Sem. 2021 2do. Sem. 2021
Incidencia de la indigencia en hogares % 5,5 5,7 8,1 7,8 8,2 6,1
Tamaño promedio del hogar indigente en personas 4,22 4,17 3,97 4,17 4,08 4,12
Tamaño promedio del hogar indigente en adulto equivalente 3,33 3,31 3,18 3,35 3,26 3,29
Canasta Básica Alimentaria promedio del hogar indigente (a) $ 12.246 14.874 17.625 21.572 26.875 31.834
Ingreso total familiar promedio del hogar indigente (b) $ 7.733 9.194 10.301 12.864 16.741 20.633
Brecha monetaria promedio de los hogares indigentes (b-a) $ -4.513 -5.680 -7.324 -8.708 -10.134 -11.201
Brecha porcentual promedio de los hogares indigentes (b-a)/a % 36,9 38,2 41,6 40,4 37,7 35,2

No obstante, lo más importante son las consideraciones políticas respecto de la política social del gobierno. El salario mínimo vital y móvil, que hasta 2015 representaba 70% de la canasta básica total (es decir que un trabajador podía tener ingresos por 70% de lo que se necesita para que su familia no sea pobre) hoy representa menos de la mitad. El principal motivo por el cual pareciera que no se ajusta hacia arriba el salario mínimo es porque los ingresos de los Potenciar Trabajo están atados a su valor, e implicaría un incremento del gasto público social. Esto no sería un problema económico de importancia visto desde la heterodoxia si no tuviéramos compromisos con el FMI de reducir el déficit fiscal, y si sobre esto se sumara un problema político de importancia entre dos partes fundamentales de la coalición gobernante, a saber, el kirchnerismo y los movimientos sociales.

En efecto, las críticas de la vicepresidenta al incremento de planes sociales en un contexto de crecimiento económico y reducción de desempleo apuntan directamente al programa Potenciar Trabajo, herramienta clave en la construcción política de los movimientos sociales. Ahí se enfrentan dos visiones estructurales muy distintas: por un lado, la visión de Cristina Fernández de Kirchner donde el desarrollo industrial puede generar el empleo genuino que permite reducir el desempleo y la pobreza en Argentina, lo que podríamos decir una visión peronista clásica del problema de la producción y del trabajo. Por otro lado, la visión de los movimientos sociales que en la vertiente del Movimiento Evita considera agotado el capitalismo industrial de pleno empleo, y la necesidad de encontrar en otros modos de producción una alternativa que permita volver a homogeneizar la sociedad con derechos universales basados en la dignidad del trabajo, la reciprocidad y la responsabilidad hacia la comunidad darle dignidad al trabajo[3].

Conclusiones

La situación social en Argentina está complejizando las discusiones políticas dentro del oficialismo, tensionado entre distintas medidas posibles para aliviar la situación que, dado los objetivos de reducción del déficit fiscal, ponen de relieve los distintos proyectos populares existentes en el seno del gobierno. En otro momento, la salida hubiese sido una expansión fiscal como lo fueron en su momento la Asignación Universal por Hijo o la ampliación de la cobertura jubilatoria. En reacción, pareciera que el gobierno se orienta hacia un bono extraordinario para las personas en situación vulnerable, lo que la prensa llamó un IFE 5, que sería un compromiso entre el proyecto de la senadora Di Tullio y las posibilidades fiscales que le otorga el FMI.

Más allá de los ingresos, el gobierno también debe revisar las políticas que se llevaron a cabo para morigerar la inflación, en un contexto global en el que los precios de los alimentos y la energía llevaron a niveles de inflación de 10% en Europa y Estados Unidos. En el caso de los alimentos, si bien las empresas concentradas en eslabones relevantes de la cadena son una problemática, hay que buscar otros formatos complementarios a los de control de precios, como por ejemplo la reducción del IVA a los alimentos que se ensayó a fines de 2019 con buenos resultados.

Si, tal como se anuncia, el plan del gobierno es orientarse hacia un congelamiento de precios y salarios, es importante saber a qué nivel de salarios se realizará ese congelamiento. En ese punto, es necesario mencionar que la recuperación de las ganancias en la pospandemia fue rápida, mientras los salarios no pudieron mejorar sustancialmente. Como resultado, la distribución del ingreso empeoró y requiere de una recomposición urgente si el gobierno quiere mejorar sus chances electorales en 2023. No obstante, habrá que ver hasta qué punto el proyecto de congelamiento de precios y salarios puede ser compatible con una mejora de los salarios. En la resolución de esta difícil cuestión radicaría la implementación de un esquema como el que se viene pensando desde el Ministerio de Economía.


[1] https://politicaspublicas.flacso.org.ar/2022/09/01/como-estabilizar-los-4-grandes-precios/

[2] Sobre la implementación del IFE y sus lecciones remitimos al texto de Mercedes D’Alessandro https://fund.ar/publicacion/ingreso-familiar-de-emergencia-ife-notas-sobre-una-politica-publica-a-contrarreloj/

[3] Para esta visión remitimos al artículo de Pablo Chena https://www.eldiarioar.com/economia/volver-homogeneizar-sociedad-fortalecer-gobernabilidad-democratica_129_9617636.html

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